Desde la incómoda comodidad que supone estar encerradas y encerrados en una cuarentena obligatoria o voluntaria, realizando actividades propias de esta nueva dinámica, como teletrabajar, almorzar, cocinar, lavar la loza o cuidar de los hijos, hemos escuchado cada vez con mayor regularidad las canciones de mariachis, conjuntos vallenatos y otros músicos independientes, que, por la situación de pandemia, han tenido que recorrer casa por casa buscando un sustento económico para vivir.
Este escenario da cuenta de la grave afectación que ha tenido el sector de los espectáculos musicales en vivo, debido a las medidas tomadas en el país para combatir la “crisis”. En efecto, evitar las aglomeraciones fue una de las primeras medidas que se tomó para frenar los contagios en el país, por lo que el lugar de trabajo de estos músicos desapareció de un momento a otro.
En todo caso, esta situación no solo ocurre con los músicos. En general, todo el sector cultural se ha visto gravemente afectado. A nivel mundial se han cerrado instituciones culturales, se suspendieron los eventos y prácticas culturales comunitarias, se cerraron sitios arqueológicos y patrimoniales, los lugares para realizar turismo cultural ya no son visitados y los gestores se encuentran en una situación de precariedad económica.
La pregunta que normalmente se hacen quienes hacen parte del sector cultural en tiempos de Covid-19 es ¿qué se puede hacer tras esta crisis provocada por la pandemia para solucionar la situación de cientos de personas, que, como los músicos, están viviendo una situación de necesidad?
Lo que proponemos desde Selelé es preguntarnos ¿desde hace cuánto que el sector cultural se encuentra en crisis? y ¿cuáles son las medidas a tomar de aquí en adelante? teniendo en cuenta no solo este contexto de pandemia sino la situación histórica de desigualdad y precariedad que ha vivido el sector.
Específicamente hablando de Colombia, desde marzo, Cine Colombia, Royal Films y las salas públicas e independientes cerraron sus salas. El FICCI, festival de cine más importante en Colombia, fue cancelado. Le siguieron los centros culturales del Banco de la República y otros 28 centros. Y finalmente, prosiguieron a cerrar las bibliotecas públicas tras una respuesta tardía y confusa del gobierno nacional. Además, revistas como Arcadia, del grupo Semana cerraron temporalmente y se despidió de casi toda la nómina. Muchos de los empleados de todas estas empresas fueron despedidos y otros más están tratando de evitar que sus contratos sean cancelados, migrando sus contenidos al campo virtual.
El panorama cultural en la pandemia
Hay que iniciar hablando del panorama. Según los Informes Cultura y Covid-19: Impacto y Respuesta de la UNESCO, a mayo del 2020, el 95% de los museos en todo el mundo habían cerrado sus puertas, el 13% de estos puede que nunca volviesen a abrir, se preveía que hasta 75 millones de puestos de trabajo en el sector de los viajes y el turismo estaban bajo amenaza inmediata y se estimaban 10 billones de dólares en pérdidas de la industria cinematográfica.
Además, para junio, de los 167 Estados Miembros con bienes de Patrimonio Mundial, 74 habían cerrado totalmente los sitios – entre estos Colombia-, 53 los mantenían abiertos, y 32 los habían cerrado parcialmente.
“La pandemia actual no es una situación de crisis claramente opuesta a una situación normal. Desde la década de los ochenta, a medida que el neoliberalismo se impuso como la versión dominante del capitalismo y éste se sometió cada vez más a la lógica del sector financiero, el mundo ha vivido en un estado de crisis permanente.” (De Sousa Santos, 2020, La Cruel Pedagogía del Virus)
Migrar a la virtualidad: ¿una alternativa viable para los empleados informales del sector cultural?
En nombre de la “modernización” se ha presentado como alternativa, la migración a las plataformas virtuales. Pulula hoy la escucha de podcast, ver películas en servicios de Streaming, ver exposiciones artísticas, conciertos, teatro y poesía en formato audiovisual. Pero es claro que la “alternativa” solo se presenta como “opción” cuando se cuenta con el capital económico, social y simbólico para llevarla a cabo.
El caso de los artistas informales da muestra de ello. No se quiere decir con esto que las industrias culturales formales no estén sufriendo los efectos de la pandemia, sino que es mucho más difícil acogerse a una alternativa viable si se es un músico, artista, poeta, circense, dramaturgo, comediante, pintor, escritor o actor autogestionado, que no cuenta – incluso desde antes de la pandemia- con recursos suficientes para vivir dignamente de su arte.
El anterior grupo de personas -y muchas más- hacen parte de lo que el DANE caracteriza como empleados informales, partiendo de criterios como el tamaño de la empresa y la afiliación al sistema de seguridad social.
Según el boletín técnico de esa entidad, publicado en mayo de 2020 y titulado Medición de empleo informal y seguridad social, hay 4300 trabajos informales, una variación de -0.6 y -1.1 puntos porcentuales en las 13 y 23 ciudades más importantes del país respecto al mismo mes del año anterior.
Esto da cuenta de una disminución de la informalidad en el último año, que se puede explicar porque muchos de los empleados informales pasaron a ser desempleados.
Ahora, detrás del significado del término informalidad, subyace una cuestión que es pertinente problematizar y es la comprensión política del término. Siguiendo la postura de Luis Guillermo Gómez Naranjo en su texto Informalidad en la economía: algo incuestionable, aunque el término de informalidad no cuenta con una conceptualización clara, es evidente que este fenómeno es hijo del capitalismo. La cuestión es que no solo es hijo de éste, sino que el capitalismo se nutre constantemente de la informalidad para concentrar más riqueza y eliminar los medios para distribuirla; como podría ser a través del trabajo asalariado.
Pero ¿qué implica esto en la realidad actual de la pandemia? Esto implica para los más de 4300 “empleados informales” no solo unas condiciones poco dignas de trabajo y vida, sin seguridad social, sino una falta de responsabilidad por parte del sistema económico y social para con ellos. Por un lado, la falta de seguridad social les coloca en una situación de vulnerabilidad ante el virus y por otro, puesto que siguen contribuyendo al crecimiento económico y tienen ingresos suficientes para no considerarles parte del régimen subsidiado, su situación pasa a un segundo plano.
Sobre lo primero, cabe recordar que la mayoría de las personas que son empleadas informales, no cuentan con seguridad social pero tampoco hacen parte del SISBÉN, porque legalmente perciben ingresos suficientes para afiliarse al régimen contributivo. Una situación conflictiva, porque entre elegir contribuir al sistema de seguridad social para recibir servicios de salud o pensión y elegir comer, pagar arriendo u otras necesidades más inmediatas, es preferible escoger la segunda opción.
Sobre lo segundo, es posible llegar a mostrar en un futuro que el crecimiento económico “no va tan mal” como se esperaría luego de la pandemia, y que las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza “no son tantas”, porque muchas de las personas que perdieron sus trabajos pasaron a sumarse a las filas de la informalidad. Asimismo, porque muchas están contribuyendo al mismo crecimiento económico y porque tienen los suficientes ingresos para no ser consideradas como vulnerables o pobres y, por ende, no sujetas de acciones encaminadas a su bienestar económico.
En el caso del sector cultural hay que hacer una salvedad, pues a partir de los Artículos 30 y 31 de la Ley 397 de 1997 se garantiza la seguridad social para creadores y gestores culturales de escasos recursos. No obstante, para ser beneficiarios de esto, deben realizar un proceso de acreditación establecido en la Resolución 2652 de 2009, que, entre las condiciones que exige, se encuentra la existencia de un certificado de formación en estudios formales o informales de una institución legalmente constituida. Esto resulta ser problemático para las personas cuya formación se ha dado a través de la experiencia. Además de ello, recae sobre las personas realizar el proceso de acreditación y este depende de lo que el Estado entiende como creador o gestor cultural, por lo que su acceso a seguridad social depende de si el Estado quiere o no reconocer su práctica artística o cultural.
La verdadera crisis en el sector cultural
Pero la llegada de la pandemia no es el gran problema ni la razón de fondo de que muchos artistas salgan a la calle a rebuscarse su sustento. La COVID-19 ha afectado al sector cultural, pero no provocó su crisis. La cultura viene enfrentando ya hace muchos años una situación difícil, que mantiene a gran parte de sus exponentes en la informalidad laboral y la precariedad económica. El sector cultura, en cabeza del Ministerio de Cultura cuenta con pocos funcionarios, infraestructura y estímulos. Además, históricamente ha recibido uno de los presupuestos más bajos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Sólo para ejemplificar lo anterior, el Proyecto de Ley de PGN 2020 presentado por el gobierno de Duque, propuso una asignación de 395.000 millones de pesos para el sector cultura, una cifra escandalosamente baja si se compara con los 43,29 billones de pesos asignados para pagar pensiones estatales. No obstante, según Colprensa, el Congreso aumentó dicho presupuesto a 405.000 millones, pero esto de fondo no implica ningún cambio sustancial.
Es la gran paradoja que afronta el sector, pues a pesar de que Colombia era hasta hace unos meses uno de los países líderes en exportaciones de bienes y servicios culturales, entre las cuatro mayores industrias latinoamericanas audiovisuales, editoriales o de espectáculos de artes escénicas, sus exponentes no han contado con un apoyo suficiente para la realización de sus actividades, poniendo en entredicho su situación personal y la sostenibilidad en el tiempo de sus iniciativas.
Se puede decir, como afirma el catedrático de la Universidad de Coímbra, Boaventura de Sousa Santos, que “la pandemia actual no es una situación de crisis claramente opuesta a una situación normal”. En teoría, la crisis sería por naturaleza excepcional, un estado transitorio, y lo que observamos es que, en el caso de la cultura, la crisis es permanente y la pandemia sólo ha agravado dicha situación.
El mismo llamado de siempre
Si volvemos al ejemplo de los músicos que mencionamos al inicio de este artículo, observamos que, en muchos de los casos, la respuesta de las personas del común ante los cada vez mayores conciertos musicales frente a sus hogares sea darles a estas personas algún tipo de “colaboración”. Unas aplauden a manera de agradecimiento, otras bailan e incluso muchas dan uno que otro billete. Este tipo de gestos no son objeto de crítica, pues se parte de la buena fe de las personas y de su genuina propuesta de colaboración. No obstante, podemos decir que es una radiografía de cientos de trabajadores que más que recibir un salario digno por sus servicios artísticos y culturales, deben conformarse con recibir una “colaboración”.
El llamado entonces no es a abstenerse de realizar este tipo de gestos, pues de una u otra forma, ante las necesidades inmediatas de las personas, cualquier gesto de este carácter ayuda. Pero el llamado va a la reflexión, a reconocer que esta no es la solución al problema que enfrenta el sector cultural en medio de la pandemia, que el problema no viene desde marzo de 2020 cuando se empezaron a cerrar las instituciones culturales, sino que el problema viene de una profunda desigualdad social y económica que ha relegado al sector cultura en mayor medida a los espacios de la informalidad.
Es necesario hacer un llamado al Estado para que proponga medidas que se ajusten al contexto actual y que también tengan en cuenta los problemas estructurales que ha sufrido la cultura en Colombia. Esto nos corresponde como veedores de la administración pública de los recursos, como gestoras y gestores culturales, como empresas, organizaciones y como sociedad civil.